ra se sublevó en Minas, fué designado — apenas el movimiento tuvo cierto cuerpo — jefe de todas las fuerzas del ejército.
Desempeñando este cargo, logró dar alcance en el Paso de Quinteros del Río Negro al grueso de las fuerzas revolucionarias del general César Díaz, una columna agotada por la persecución de que era objeto, mal armada y disminuida por la deserción de las milicias de caballería, La situación tornóse prestamente insostenible y César Díaz se dispuso a entrar en parlamento con Medina, conviniéndose en que los revolucionarios depondrían las armas con garantía de la vida, pasando en seguida el Brasil, con escolta, los jefes y oficiales que quisieran hacerlo; confeccionándose la respectiva lista, de la cual se entregó copia al general Díaz.
Conocida esta capitulación en Montevideo, el gobierno le negó de inmediato toda validez, fundándose en un decreto de fecha anterior, comunicado y reiterado al General en Jefe, de acuerdo con cuyo texto los rebeldes estaban declarados reos de lesa patria, debiendo aplicárseles todo el rigor de la ordenanza sin más trámite, inmediatamente de ser capturados.
Un chasque despachado con máxima premura, llevó al campamento del general Medina la orden de que procediera a la ejecución de lo que estaba acordado, siendo carente de valor cualquier cosa que se hubiera estipulado entre el comandante en jefe del ejército del gobierno y el jefe revolucionario.
Medina, ante aquella orden del presidente Pereira, no tuvo la entereza cívica necesaria para defender su palabra de soldado y de caballero y ordenó la muerte de los que habían confiado en su palabra y en su honor.
Del 2 al 3 de febrero de 1858, doce jefes de alta graduación y nueve oficiales fueron fusilados, calculándose en más de ciento cincuenta el número de individuos de tropa — particularmente extranjeros enganchados — a quienes se dió muerte en forma bárbara e irregular, en el trayecto de Quinteros a Montevideo.
Esta es, a la luz de los documentos inéditos recientemente publicados, que, por lo demás, vinieron a corroborar las deducciones que estaban en pie, la trabazón esquematizada de aquel episodio que ensombreció los anales de nuestra historia.
Asalta la duda de si sería posible en aquellas épocas — hallar un general o un militar cualquiera — analfabeto en el caso del general Medina — que hubiese procedido de otra manera, rodeado de jefes, sus enemigos de cercanos días y pertenecientes a un partido político que no era el suyo, y en presencie de una orden terminante y formal del Presidente de la República, corriendo el riesgo de que sus propios subordinados lo desconocieran y procedieran por su cuenta, responsabilizándolo por desobediencia a cumplir lo que mandaba el Superior Gobierno.
Pero esto no hace al caso, y el ge-
